El pasado viernes, 20 de marzo, el gobierno de Puerto Rico decidió no defender una ley inconstitucional que se encuentra en nuestra constitución. La ley declara que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer. Sin embargo, el Gobierno federal apunta a que en su jurisdicción se reconozca los matrimonios del mismo sexo. Algunos estados de esa nación han aceptado esa decisión y unos pocos la combaten. En otras palabras, algunos estados, y ahora un territorio, han decidido respetarle un derecho humano básico a un sector de la ciudadanía, mientras otros desearían suprimirlos. Le falta carácter a la manera en que el Gobierno ha decidido respetar el derecho al matrimonio a personas del mismo sexo, pero el resultado vale más que el método, en este caso.

 

Como era de esperarse, algunos religiosos han sido críticos de la acción del pasado  viernes. El arzobispo de San Juan ha declarado que se negará a celebrar matrimonios tradicionales, entre hombre y mujer, y predicadores, como Wanda Rolón, han predicho que la Isla sufrirá un desastre a causa de lo que ocurrió el viernes. Están en todo su derecho de expresarse, al igual que tienen el derecho de no casar a estas parejas en su iglesia. Por buena fortuna, tampoco tienen el derecho a dictar qué sucede fuera de sus respectivas iglesias ni representan legalmente a la ciudadanía.

 

Los funcionarios del Gobierno, sin embargo, sí tienen el deber de defender y hacer valer los derechos de toda la ciudadanía. Es una pena entonces que el Partido Nuevo (dudosamente) Progresista haya escogido estar en contra de que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios de personas del mismo sexo. Son funcionarios que públicamente han rehusado sus deberes como representantes de sus constituyentes. Sucede que un legislador, sea representante de la Cámara o senador, tiene el deber de representarnos a todos, sin importar que sea de otro partido, otra religión u otra preferencia sexual. En este asunto, ellos no pueden escoger. Podrán, en su interior, creer lo que quieran, pero su función como servidores públicos es representar a sus constituyentes. De lo contrario, deberían ser relevados de sus cargos de inmediato. Se podría discutir que también representan los intereses de los religiosos que están en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo cual es cierto. Deben velar por su derecho a expresión, a la educación y a la seguridad, pero no tienen derecho a oprimir a otro sector de la ciudadanía. Ninguna iglesia sufrirá porque dos hombres se casen y vivan juntos, y el arzobispo de San Juan no convulsará porque dos mujeres se cobijen bajo el matrimonio. Los derechos del sector religioso no se han violado. No puede decirse lo mismo de los derechos de las parejas del mismo sexo.

 

La separación de Iglesia y Estado existe, entre otras razones, para prevenir que los intereses religiosos obren en contra del bien de la ciudadanía. Ha habido líderes religiosos a favor de la esclavitud, de la Inquisición, del nazismo, del terrorismo, del apartheid y un sinnúmero de atrocidades que van en contra de los derechos humanos. El viernes pasado el estado decidió reconocerle los derechos a un sector de la ciudadanía, sin importarle la opinión de un sector que desearía reprimírsela. Hay mucho que criticarle a este gobierno, pero esto se le aplaude. En el futuro, cuando nuestras nietos nacidos de vientres alquilados lean esta página de la historia, condenarán a aquellos que se opusieron a reconocerles los derechos humanos a sus abuelos, así como hoy condenamos a los que se oponían a los matrimonios interraciales, al sufragio de las mujeres y a la liberación de los esclavos. Se siente bien estar del lado correcto de esta historia. 

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